Las demandas crecientes, de pacientes y comunidad médica, para regularizar el uso terapéutico de la cannabis son un hecho. Mientras tanto, la prohibición se enzarza con los más pobres y los enfermos. Los narcos, la policía y las farmacéuticas obtienen los mayores beneficios de la criminalización.

Carola Pérez, directora y fundadora del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, lo pone muy sencillo en su entrevista a Ethic:

“El paciente que consume cannabis no puede estar en manos del narco”

Carola Pérez para Ethic. Por César Luquero

Su enfermedad, una lesión medular que le produce dolor neuropático, condiciona la cotidianidad de forma irreductible. Para ella, la regularización del cannabis es una cuestión esencial, de calidad de vida. Desde que decidió trabajar por la causa, fundó el Observatorio y colabora con diversas entidades asociadas, como Dosemociones y Fundación Canna.

Es imposible no preguntarse, a raíz de su caso, qué es exactamente lo que evita que España legalice el cannabis. Representa una oportunidad económica única, por ser uno de los principales potenciales productores europeos de cannabis. Este dinero supondría una potente fuente de recursos para combatir la pobreza en el sur de la Península, una de las zonas más devastadas por la guerra contra las drogas. Asimismo, por simples Derechos Humanos, las personas enfermas no pueden esperar más por un alivio eficaz y accesible a su dolor.

La misma pregunta del título se puede formular de otra manera. ¿A quién beneficia que el cannabis siga siendo ilegal? La respuesta tiene varias posibles vertientes. En primer lugar, a los narcos y la policía, pero también a las grandes farmacéuticas que evitan posibles competidores.

El narcotráfico, flagelo de los más desfavorecidos

El narcotráfico, desde sus inicios, consistió en una forma de ganarse la vida para miles de personas empobrecidas. Después de todo, si no tienes trabajo estable, educación accesible o ingreso recurrente, la desesperación por generar ingresos para subsistir es acuciante. A muchos les empuja a abrir la puerta a redes de narcotráfico. Como reseña El País, viviendas humildes se convierten en plantaciones indoor de la noche a la mañana.

Los delincuentes obtienen un beneficio cuantioso de la operación. Un kilo de marihuana de calidad puede llegar a costar 4000 euros en Reino Unido. Para los pequeños productores, asociados a la red, el beneficio alcanza los mismos 4000 euros, pero por cosecha, que oscila entre los 6kg y 20kg. Estos 4000 euros deben ser administrados por los cultivadores durante los tres meses (mínimo) que tarda la inflorescencia de la planta.

Aun así, 4000 euros cada tres meses equivale a poco más de 1300 euros. Esto dando por sentado cosechas puntuales, abundantes, y pagos máximos por parte de los traficantes. En realidad, las víctimas de las redadas policiales del pasado febrero estaban obteniendo más o menos un salario mínimo por su actividad. Mil trescientos euros mensuales, para familias en viviendas de protección oficial, ¿merece realmente un despliegue policial? ¿Nadie se pregunta qué harán las familias empobrecidas sin ese dinero?

Los traficantes son quienes obtienen el verdadero beneficio. Gracias a la ilegalidad del producto, sus consumidores finales están en Polonia, Estonia o Reino Unido. Una cosecha de 20kg vendida a buen precio puede llegar a suponer 70000 euros para los criminales, dinero que puede acabar en organizaciones de naturaleza más escalofriante, como tráfico de armas y personas.

A la Guardia Civil y Policía le conviene la criminalización

Los agentes de la ley también obtienen su tajada, y no solo en la forma de sobornos prescritos.

Los relatos policiales épicos, cargados de imágenes espectaculares de policías encapuchados, contribuyen a mejorar la imagen de los cuerpos de seguridad. Tanto para reafirmar su utilidad ante la sociedad, como para garantizarse cientos de miles de euros en recursos de “lucha contra el narcotráfico”. Aunque esto suponga encarcelar a decenas de personas que no llegan a fin de mes.

Acciones como la Operación Mocy ponen en la mirilla policial, sin alicientes, a los más desfavorecidos económicamente de España. No solo son personas con una dificultad enorme para salir de la pobreza, sino que también se les criminaliza y encarcela, en lugar de ensanchar las redes de apoyo que evitarían su entrada a un negocio tan riesgoso por tan pocos beneficios.

Arriesgarse a una pena de cárcel por menos de 1500 euros al mes denota, más que voluntad delictiva, desesperación económica.

Medicamentos más caros, más beneficio para las farmacéuticas

Para hablar de medicamentos, resulta imprescindible citar a Carola Pérez de nuevo:

Así, estamos viendo cómo las empresas están utilizando mi dolor y el de otros muchos pacientes para hacer negocio, pero luego no se preocupan de que el paciente esté bien atendido (…) El modelo actual y los precios de muchas grandes compañías de cannabis no está funcionando para el paciente, aunque sí para sus accionistas, porque el cannabis no es barato y estas empresas lo están vendiendo muy caro

Carola Pérez en declaraciones a Ethic. Por César Luquero
Carola Pérez, Presidenta del OEDCM. Fuente: OEDCM

Los grandes entramados económicos dejan al paciente de lado, pues su principal interés es lucrar con un compuesto activo muy potente, polivalente y con escasa oferta en el mercado. Las regulaciones europeas no tienen en cuenta el acceso equitativo al alivio del cannabis. EEUU tiene algunas iniciativas estatales que van en esa dirección, pero ninguna de envergadura federal.

No solo las grandes del cannabis quieren generar millones. Las farmacéuticas prefieren los beneficios de otra planta, mucho más integrada a la cadena de producción medicinal: el opio. Por cada paciente que encuentre alivio en el cannabis, su uso de opiáceos disminuirá. No obstante, más de 1000 personas mueren al año por sobredosis de opioides.

Los derivados de la amapola interactúan con el sistema cardiorrespiratorio del cuerpo, por lo que una sobredosis puede conducir a la muerte. Asimismo, son mucho más adictivos. El síndrome de abstinencia, sobre todo si se interrumpe el consumo de forma abrupta, es terrible en términos de calidad de vida, e incluso puede ser letal.

Sin embargo, la prescripción de benzodiacepinas, opioides e incluso fentanilos (utilizados también en medicina veterinaria) están al alza. Un tratamiento con dichos medicamentos puede superar los 300 euros mensuales, a diferencia de los 30 que puede suponer una terapia basada en el cannabis.

Cuestión de calidad de vida

La legalización del cannabis medicinal y recreativo no son preocupaciones de un “grupúsculo de yonkis“. Por el contrario, es un clamor de la sociedad civil que toma cada vez más fuerza. Esta legalización, si bien llegará tarde, al menos debe estar enfocada en dos aspectos: el acceso equitativo por parte de los más necesitados y la redistribución de los beneficios a quienes más perdieron con la guerra contra las drogas.

Legalizar el uso medicinal del cannabis con un enfoque centrado en el paciente cercenará beneficios a las farmacéuticas. Sin embargo, traerá alivio a decenas de miles de españoles que literalmente ya no pueden soportar más dolor. La regulación de un uso recreativo supondrá ingentes beneficios para las arcas públicas, pero este dinero debe (y tiene) que servir como reparación para tantos andaluces, marroquíes, subsaharianos y gitanos injustamente perseguidos por buscar una forma de ganarse la vida.

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