Francia pregunta a sus ciudadanos sobre la regulación del cannabis

Francia pregunta a sus ciudadanos sobre la regulación del cannabis

Francia es de los países de Europa y del mundo que más cannabis consume, tanto en forma de hachís como sus flores. El tráfico y la cantidad de adictos no ha hecho sino escalar en los últimos años, rozando máximos históricos no sólo en cannabis, sino también en drogas más peligrosas como el crack y la cocaína. 

Para contrarrestarlo, la policía parisina ha lanzado centenares de operativos destinados a penalizar a consumidores y distribuidores por igual. Cualquier persona que detengan, revisen y, en efecto, porte drogas, es penalizada con multas de 200 euros. A la par del consumo, Francia también es uno de los países con legislación más arcaica. 

Esto se repite en bocas de metro, calles, parques y avenidas, sin otra distinción que el criterio policial para detectar “puntos calientes”. La consecuencia de este accionar, enquistado en prácticas de criminalización y persecución, es un aumento de tráfico, de consumidores y de desconfianza hacia la policía. 

El mercado de cannabis citadino ya no discurre en oscuros callejones, donde bolsas opacas pasan de mano en mano, sino a través de internet. Los consumidores pueden ordenar en línea, a través de Snapchat, Instagram, Facebook e incluso Tinder. Sus pedidos llegan en cuestión de media hora, en ocasiones de la mano de un repartidor de Deliveroo, Glovo o similares. 

Los camellos multiplican sus beneficios, pues un servicio de delivery, mucha policía en la calle y un bien preciado y escaso es una receta perfecta para el incremento de los precios. 5 gramos de cannabis de calidad (siempre dudosa) puede llegar a costar 60 euros. 

La guerra contra las drogas también ha conseguido dos efectos colaterales indeseados. Por una parte, el número de consumidores, en especial jóvenes, no ha parado de crecer. Al verse empujados al mercado negro, las posibilidades de consumir sustancias más nocivas son altas. 

“Colina de crack” es como denominan los parisinos a un sector del noroeste de la ciudad, bajo un nodo de autopistas, donde se distribuye y consume la mayor cantidad de este derivado de la cocaína. Una operación policial desmanteló el lugar. Desde entonces, los adictos pululan por las calles como despojos humanos en busca de su siguiente dosis. 

El sentido común parece haberse agotado para la política de drogas francesa. El enfoque se mantiene en la criminalización, el tabú y el mal encarnado en una planta, un polvo o una roca. No obstante, para alivio de muchos, el gobierno ha lanzado una consulta ciudadana en torno al uso recreativo del cannabis. 

Dicha consulta pregunta si los límites establecidos para el cannabis deberían ampliarse;  si se consideran efectivos las actuales prohibiciones para combatir el tráfico de drogas y cómo se percibe el riesgo de la maría en comparación con el alcohol o el tabaco. También proponen tres escenarios para hacer frente al problema: recrudecimiento de la prohibición, despenalización o legalización. 

El 11% de la población francesa consume cannabis regularmente. El 45% lo ha hecho alguna vez en su vida. Con un escenario como este, es incomprensible que el Estado siga castigando y persiguiendo a casi la mitad de la población por sus elecciones de consumo. 

Para los políticos, la legalización o despenalización supondría un hito difícil de alcanzar. Para los millones de franceses consumidores, un inmenso alivio. El problema está servido:

¿A quién se decide beneficiar, a la policía o al 45% de los franceses?