Al otro lado del estrecho, cannabis marroquí legal

Al otro lado del estrecho, cannabis marroquí legal

Marruecos se plantea legalizar el cannabis para usos terapéuticos e industriales. Este salto cuantitativo se da a propósito de la decisión de la ONU de sacar, de forma permanente, al cannabis de su lista de drogas más peligrosas. Este cambio de criterio, a ojos de la comunidad marroquí, es una oportunidad perfecta. 

El kif, como se le conoce en el Norte de África, hunde sus raíces en más de 500 años de acervo histórico.

Desde que el método de elaboración de hachís fue introducido en el país, desde el Líbano.

Marruecos se consolidó como el principal productor mundial de hachís. 

Solo Afganistán pudo disputarle ese lugar.

Pero lo cierto es que hasta el 70% de todo el hachís que llega a Europa se produce en Marruecos, lo que transformó su economía para adaptarse a tan creciente demanda. 

Paralelo a su ilegalización de cara a la comunidad internacional, la inmensa mayoría de los marroquíes están a favor del uso de la planta.

Ha sido una baza para millones de ellos, que dependen de una economía de subsistencia.

Estos estaban encantados de los miles de Occidentales que acudían a sus tierras sedientos de excelente hachís.

Es por ello que, desde su prohibición en 1956 y la reafirmación de esta en 1974, el kif no ha dejado de ser un cultivo común en el campo de Marruecos.

Los incentivos económicos son un importante motivo, pero también la herencia milenaria que tiene el cannabis en ese país, en especial en la región del Rif. 

Es esta zona, muy autónoma social, económica y políticamente, el gran centro de producción cannábico.

No obstante, ni el rey Hasan II ni Mohamed VI realizaron ningún cambio en la legislación

Aunque este año promete abrirse una puerta a la política más sensata. 

El consejo de ministros discutió, la semana pasada, una posible legalización de la marihuana para usos industriales y terapéuticos. Según fuentes del país, la legislación tendría un fuerte componente estatista. 

En ese sentido, obligaría a los cultivadores a asociarse en cooperativas, cuya producción será comprada de forma íntegra por el estado. Esta forma de legalización es la preferida por gobiernos autocráticos, como el de Tailandia. 

Así, el monopolio de su manufactura y distribución se lo garantiza el gobierno autoritario del país, ávido de una inyección a las arcas públicas, mermadas por la falta de turismo y el estallido del conflicto polisario.